El pliego de cláusulas para sacar a concurso la piscina de A Ramallosa está sobre la mesa y la Mancomunidade do Val Miñor ha puesto en marcha el debate. Las bases, encargadas hace dos años por el organismo supramunicipal, establecen un contrato de cinco años sin posibilidad de prórroga por un montante de 5.134.518 euros y exigen un canon mínimo del 1% de la facturación a la empresa que se haga con la explotación del complejo deportivo. Desde su apertura en el año 2001, la actual adjudicataria, Serviocio, abona tan solo 6 euros anuales a la entidad. Una cantidad que se fijó a la baja en su día con el fin de garantizar la viabilidad económica del negocio. Los resultados han sido positivos a lo largo de estos dieciséis años, por eso la junta ha decidido incrementar la cantidad.

El primer debate acerca de las condiciones a las que deberá ajustarse la futura concesionaria tuvo lugar el lunes. Estaban convocados todos los portavoces representados en la Mancomunidade, aunque acudieron únicamente seis de los doce representantes de la junta directiva del organismo -de PP, PSOE y BNG de Baiona y Nigrán, ninguno procedente de Gondomar-. Tan solo los nacionalistas han realizado alegaciones al pliego. Solicitan que el canon quede en un mínimo de 10.000 euros anuales, independientemente de las ganancias que obtenga la compañía que finalmente administre la piscina y el gimnasio, según explica el edil baionés Xosé Manuel Marcote.

La licitación otorgará la mayor puntuación a la aspirante que ofrezca una mayor cantidad en concepto de canon y el Bloque reclama además que se valore la mejora energética, la bioclimatización y la construcción de un vaso pequeño, vestuarios para los trabajadores, que deberán ser subrogados, y la calidad de los contratos laborales para evitar la precariedad. Las propuestas serán analizadas en posteriores reuniones antes del pleno en que se apruebe la licitación del servicio.